· En 2025 se lanzaron decenas de iniciativas, en el ámbito nacional e internacional, con el objetivo de mejorar leyes, influir en el acceso a una justicia inclusiva, promover el compromiso de las administraciones con la sostenibilidad del movimiento asociativo, así como visibilizar el sobreesfuerzo de las familias y la necesidad de potenciar las políticas que compensen la presión de cuidados y recursos que sufren a diario.
Madrid, 7 de enero de 2026.- Este nuevo año se presenta para Plena inclusión España con grandes retos respecto a la incidencia política y legislativa en su propósito de seguir defiendo una sociedad más inclusiva y justa para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias. En concreto, 2026 se prevé como un tiempo en el que seguir luchando para mejorar, entre otros derechos reivindicados, una mayor personalización de la atención a la dependencia para 400.000 personas con discapacidad intelectual.
Precisamente, en los primeros meses del año se espera la aprobación de las nuevas leyes de Dependencia y Discapacidad. También, la confederación que agrupa a más de 950 asociaciones de todo el país anuncia que se afanará en conseguir un mayor y mejor reconocimiento de las familias de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en su condición de cuidadoras.
Otros frentes en los que Plena inclusión España espera seguir incidiendo abarcan la aprobación del Estatuto del Facilitador Procesal, profundizar en nuevas acciones que mejoren las condiciones generales de accesibilidad cognitiva para las personas con dificultades de comprensión, o avanzar en medidas que mejoren el acceso a la vivienda para miles de personas con discapacidad intelectual.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España, recuerda que “entre los objetivos que buscan estas acciones está visibilizar el sobreesfuerzo económico de las familias, así como la necesidad de potenciar políticas públicas que compensen la dedicación y los cuidados permanentes de estas hacia sus seres queridos con discapacidad intelectual y del desarrollo».
No cabe duda de que, en 2025, Plena inclusión España se consolidó como referente estatal en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, intensificando su incidencia política y legislativa para asegurar la plena implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el año recién concluido, la Confederación impulsó acciones de incidencia jurídica y legislativa en ámbitos estratégicos vinculados con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias:
• Propuestas legislativas: decenas de aportaciones a proyectos de ley y estrategias estatales sobre empleo, vivienda, protección digital a menores y atención a la dependencia.
• Litigación estratégica: casos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para garantizar acceso a la justicia, educación inclusiva y vida familiar.
• El anteproyecto de la nueva Ley de Dependencia, que se halla en trámite parlamentario, incluye algunas propuestas importantes presentadas por Plena inclusión España como: la obligación legal el acompañamiento a las personas en los procesos de preparación para la jubilación; un nuevo criterio de tiempo en la lista de espera para acceder a las prestaciones del SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia); la introducción de la compatibilidad entre prestaciones y empleo.
• Lanzamos, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, una Guía sobre la protección de las personas con discapacidad en el proceso penal.
INCIDENCIA POLÍTICA
Asimismo, se ha mantenido el diálogo directo con actores políticos clave a través de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Plena inclusión, reuniéndose con la Secretaria General de Inclusión y con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Plena inclusión España también ha afianzado el trabajo estrecho con el Ministerio del Interior, formando a 650 policías nacionales sobre violencia de género que afecta a mujeres con discapacidad intelectual, o participando en la elaboración de dos guías de intervención policial con personas con discapacidad intelectual para prevenir los delitos de odio. También ha colaborado en planes estatales sobre infancia, salud mental y reducción de restricciones.
La Confederación estatal ha liderado campañas como #SinRecursosNOhayCuidados, en colaboración con Plena inclusión Andalucía, Fademga (Plena inclusión Galicia) y Plena inclusión Aragón. Esta iniciativa ha reivindicado financiación suficiente de las administraciones públicas que aseguren la sostenibilidad de servicios y apoyos fundamentales para las personas con discapacidad y sus familias.
Desde Plena inclusión se reconoce que la labor de incidencia política y legislativa ha sido posible también gracias a la cooperación y alianzas con entidades nacionales e internacionales como CERMI, Cáritas Española, Fundación Secretariado Gitano, Inclusion Europe o Inclusion International.
