La I Jornada sobre “Salud y Discapacidad”, bajo el lema “Una mirada personal, familiar y profesional” abordó en la tarde del miércoles la realidad de la discapacidad y las estrategias sociosanitarias en Cantabria.
El encuentro, organizado por el Observatorio de Salud Pública de la Fundación Marqués de Valdecilla, en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, estuvo dirigido al público general, personas con discapacidad y sus familias, así como al personal sanitario y de los servicios sociales. Y contó con la asistencia de destacadas personalidades del panorama sociosanitario de Cantabria, tales como, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez; el consejero de Salud, César Pascual; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce; la directora de Salud Pública de Cantabria, María Isabel de Frutos; la directora de Humanización, Farmacia, y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede; el director de Dependencia y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; la subdirectora de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Patricia Corro; el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia, Jaime Serdio.
Tras la inauguración institucional, tuvimos la oportunidad de compartir con otras organizaciones del sector de la discapacidad la mesa titulada “La inclusión de la discapacidad en la sociedad actual”. Durante su desarrollo, compartimos con los asistentes las principales barreras que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias encuentran en el ámbito sanitario, concretamente hablamos de como las barreras sistémicas (falta de protocolos, descoordinación entre servicios y escasa accesibilidad en la información), las barreras actitudinales (paternalismo, subestimación de capacidades y discriminación) y las barreras comunicativas (lenguaje técnico, falta de intérpretes y sistemas alternativos y aumentativos de comunicación) suponen retrasos en los diagnósticos, tratamientos inadecuados, mayores complicaciones y una menor calidad de vida en las personas con discapacidad, lo que a su vez implica grandes sobrecostes personales, familiares y sociales y en definitiva un mayor gasto público.
Asimismo, aprovechamos la ocasión para reclamar formación especializada, accesibilidad cognitiva, entornos accesibles y una mayor coordinación interdisciplinar. Todo esto, bajo la premisa de que el acceso a la salud es un derecho de las personas con discapacidad y como tal debe ser garantizado por las administraciones públicas.
