El 5 de noviembre de 1999 se aprobó la primera Ley en España para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Ocho años después, en 2007, se impulsó la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contemplaba medidas concretas para favorecer la conciliación. En la actualidad nos encontramos en la que llamamos la tercera generación de la conciliación, que recoge un concepto de familia más abierto, diverso y plural, y engloba a las nuevas generaciones, a los colectivos vulnerables y a las personas con discapacidad, desde una máxima de igualdad.
En el último año la crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto más que nunca la necesidad de lograr un equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar, y ha impulsado el avance en materia de conciliación a través de hitos como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, la nueva normativa en igualdad, la aparición del teletrabajo y las mejoras legislativas en el ámbito de la parentalidad positiva. Pero la conciliación real y efectiva de las familias y especialmente de aquellas con personas con discapacidad sigue siendo un gran reto para nuestra sociedad del que todos somos responsables.
Desde nuestra experiencia en los más de 20 años de apoyo a las familias en Cantabria, sabemos que la conciliación de las familias con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puede ser un auténtico desafío. La necesidad de atención y cuidado de la persona con discapacidad es mayor de la que requieren otros hijos y es habitual encontrar casos en los que uno de los padres, generalmente la madre, deja de trabajar para ocuparse de su cuidado. En otros casos, los familiares continúan trabajando, pero tienen serias dificultades para flexibilizar su jornada o disponer de días o permisos para atender la necesidad de cuidado. Y la mayoría se ven obligados a contar de manera constante con otros familiares, como los abuelos, para apoyar en la crianza o deben reservar un gran porcentaje de sus ingresos para costear apoyos o servicios que posibiliten la conciliación, como por ejemplo la contratación de cuidadores externos. A lo que se suma la mínima oferta de recursos y actividades en la comunidad que contemplen plazas con apoyos especializados para personas con discapacidad.
En consecuencia, los servicios de apoyo a la conciliación de nuestro movimiento asociativo deben transformarse dejando atrás la concepción de los antiguos servicios de respiro, puntuales en la vida de las familias, encorsetados y poco centrados en familia, para transformarse en servicios más flexibles, estables, adaptados a la situación, necesidades y prioridades de las familias, incluso a las más inmediatas, y desarrollarse en el entorno natural de estas.
En Plena inclusión Cantabria apostamos por este nuevo modelo de servicio de apoyo a la conciliación de las familias desde el año 2015, poniendo en práctica modalidades de apoyo centradas en las familias, que varían conforme evoluciona su situación y que pretende ser uno de los principales apoyos para su conciliación en nuestra comunidad autónoma. Como muestra de ello, el pasado año hemos prestado más de 4.600 horas de apoyo a la conciliación, de las que se han podido beneficiar más de 50 familias y que han contribuido en gran medida a la mejora de su calidad de vida.
